El lunes 15 de junio de 2026, el Gobierno de Puebla puso el foco en la Policía de San Andrés Cholula: 152 policías municipales están trabajando sin la acreditación que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación estatal, pidió al Ayuntamiento de la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres que arregle esto ya.
¿Por qué importa? Porque esa certificación garantiza que los policías estén capacitados y pasen controles de confianza para cuidar a la gente. Aguilar Pala fue claro: “Es un tema que debe solventarse”.
Pero la cosa se pone más intensa con el caso de Ariana N, una mamá que fue detenida el 11 de junio cerca del Parque Intermunicipal de Cholula. Las imágenes de su detención, donde sus hijos lloran y tratan de acercarse a ella, se viralizaron y encendieron la polémica. La Comisión de Derechos Humanos de Puebla ya investiga y calificó la detención como arbitraria.
El Gobierno estatal aprovechó para pedir que se refuercen los protocolos de uso de la fuerza, sobre todo cuando hay menores involucrados. La presión está sobre la alcaldesa Cuautle, que aún no ha dado una respuesta clara.
Esto es lo que necesitas saber: la seguridad pública no puede estar en manos de policías sin certificación, y los protocolos deben respetar los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables. Mientras tanto, la revisión sigue y la ciudadanía espera resultados.
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