Entre el 4 y el 23 de abril de 2024, la constructora pública del gobierno de Sinaloa, Preecasin, hizo tres transferencias por 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, una empresa señalada por Estados Unidos como parte de una red de huachicol y lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Lo curioso es que Ahavat no aparece en el padrón oficial de proveedores ni en Compranet, y los pagos solo se registraron como “pago de factura”, sin detalles claros de qué se compró o contrató.
Ahavat, creada en 2017 en Toluca, tiene vínculos directos con otra empresa del mismo rollo criminal: Jomadi Logistics & Cargo, ambas con el mismo accionista mayoritario, José Refugio Ruiz Villagómez, acusado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. de liderar esta red de huachicol.
Jomadi, que obtuvo permisos para importar miles de millones de litros de diésel, incluso firmó un contrato con el régimen de Maduro en 2020 para intercambiar petróleo y gasolina, operación que levantó sospechas y una investigación del FBI.
Este caso expone cómo dinero público puede terminar en manos de empresas ligadas a la delincuencia organizada, algo que pone en jaque la transparencia y el orden en la administración pública.
Esto es lo que necesitas saber: mientras el gobierno de Sinaloa sigue usando a Preecasin para obras públicas, hay transferencias que no cuadran y que involucran a empresas con historial criminal. La vigilancia y la responsabilidad en el manejo de recursos deben ser prioridad para evitar que el crimen se infiltre en lo público.
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