Este lunes 6 de julio de 2026, un tribunal en Jiangsu, China, sentenció a pena de muerte a Yang Youlin, ex alto cargo en Nanjing, por aceptar sobornos por más de 308 millones de dólares. Entre 1993 y 2023, Yang usó sus cargos para favorecer empresas y particulares en obras, terrenos y negocios, acumulando más de 2 mil 214 millones de yuanes en sobornos.
El tribunal calificó el caso como de “especialmente enorme” impacto social y pérdidas graves para el Estado y la ciudadanía. Además de la pena capital, Yang perderá sus derechos políticos de por vida y todos sus bienes serán confiscados.
Aunque colaboró con información sobre otros delitos, no logró reducir su condena. En China, las penas de muerte suelen suspenderse dos años para conmutarlas por cadena perpetua, pero en casos graves como este, la ejecución puede ser directa.
Este fallo refleja la mano dura que mantiene China contra la corrupción, una lucha que el presidente Xi Jinping reforzó desde 2012. Un recordatorio de que el abuso de poder y la corrupción tienen consecuencias severas, algo que en cualquier país debe ser prioridad para proteger el orden y la propiedad privada.
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