Este lunes, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, salió a la defensa de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y lo calificó como un “preso político”. Según ella, el gobierno federal está usando su caso para tapar la red de corrupción detrás del huachicol fiscal y los escándalos por los audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar.
Kenia no se guardó nada: dijo que es un insulto para la inteligencia de los mexicanos que Ruffo sea el único encarcelado, cuando ni siquiera tenía cargo público cuando ocurrieron los hechos que le imputan. Para ella, el contrabando de combustible solo puede funcionar con la complicidad de autoridades en varios niveles, que se están llenando los bolsillos mientras el Estado pierde recursos para escuelas, hospitales y seguridad.
La diputada pidió que las investigaciones se enfoquen en los funcionarios que permiten el huachicol, no en el primer gobernador de oposición en la historia de México. “Meter a Ruffo a la cárcel es una cortina de humo y una afrenta a la democracia”, sentenció.
Por su parte, Jorge Romero, líder nacional del PAN, acusó a la administración de Claudia Sheinbaum de una “cacería de brujas” contra la oposición y pidió que Marina del Pilar Ávila pida licencia para facilitar las investigaciones.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum negó que haya justicia selectiva y aseguró que la detención de Ruffo responde solo a las investigaciones de la Fiscalía por delincuencia organizada y contrabando de combustibles, descartando cualquier motivación política.
Esto es lo que necesitas saber: mientras la 4T insiste en que Ruffo es culpable, la oposición lo defiende como víctima de una persecución política. El debate está servido.
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